Proyecto de Ley de Chatarrización "Renova en Libertad"
Reactivación económica mediante la formalización del Empleo, Comercio y Propiedad Privada.
Diagnóstico: Problemática de los Vehículos Viejos en Bolivia (2025)
Situación actual
En Bolivia, el parque automotor ha experimentado un crecimiento constante durante las dos últimas décadas, impulsado principalmente por la importación de vehículos usados. Sin embargo, esta expansión no ha estado acompañada de políticas de renovación, control técnico o regulación efectiva.
Actualmente, se estima que más del 65% de los vehículos en circulación superan los 15 años de antigüedad, y una proporción importante carece de mantenimiento preventivo o correctivo adecuado. A ello se suma la presencia de miles de vehículos indocumentados o “autos chutos”, que circulan sin registro legal, inspección técnica ni seguro obligatorio (SOAT).
El resultado es un parque vehicular obsoleto, contaminante, inseguro e ineficiente, que impacta negativamente en la economía nacional, la seguridad ciudadana y la salud pública.
Causas del problema
- Importación masiva de vehículos usados sin límites de antigüedad ni estándares técnicos de eficiencia o seguridad.
- Ausencia de un programa de chatarrización o renovación vehicular que retire de circulación unidades obsoletas.
- Debilidad institucional en la inspección técnica vehicular (ITV), con baja cobertura y escasa fiscalización efectiva.
- Fallas en el control aduanero que permiten el ingreso de vehículos indocumentados o sin registro.
- Subsidios a los combustibles fósiles, que desincentivan la eficiencia energética y encarecen el gasto público.
- Bajo poder adquisitivo de la población y falta de incentivos financieros para la compra de vehículos nuevos o eléctricos.
- Cultura de informalidad y tolerancia social frente al incumplimiento de normas ambientales y de tránsito.
Efectos inmediatos
- Aumento del consumo nacional de gasolina y diésel, debido a la baja eficiencia energética del parque vehicular.
- Contaminación atmosférica elevada en las principales ciudades (Santa Cruz, La Paz, Cochabamba), con incremento de partículas finas y gases nocivos.
- Incremento de las emisiones de CO₂, contribuyendo al calentamiento global y a la pérdida de calidad ambiental.
- Alta siniestralidad vial, con un número significativo de accidentes causados por fallas mecánicas, frenos defectuosos o neumáticos en mal estado.
- Débil recaudación fiscal y pérdida de control estatal sobre el movimiento de vehículos indocumentados.
- Deterioro de la salud pública, con aumento de enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación vehicular.
Consecuencias estructurales
Impacto económico negativo:
- Aumento del gasto estatal en subsidios energéticos.
- Pérdida de ingresos tributarios por evasión e informalidad.
- Elevado costo de atención médica por enfermedades derivadas de la contaminación.
- Incremento del gasto privado en mantenimiento y combustible.
Impacto ambiental:
- Mayor contribución del sector transporte a las emisiones de gases de efecto invernadero.
- Degradación de la calidad del aire y afectación a ecosistemas urbanos.
Impacto social y de seguridad vial:
- Elevada tasa de accidentes con víctimas fatales.
- Mayor inseguridad en el transporte público y privado.
- Pérdida de confianza ciudadana en el control estatal y la autoridad vial.
Análisis del problema
El envejecimiento del parque vehicular en Bolivia constituye un problema multidimensional que combina factores económicos, institucionales y sociales. El Estado, al no contar con una política integral de renovación, ha permitido que el sistema funcione bajo una lógica de parche e informalidad, donde los costos reales —energéticos, ambientales y humanos— son asumidos por toda la sociedad.
El exceso de vehículos viejos genera un círculo vicioso:
- Consumen más combustible → aumentan los subsidios y el gasto público.
- Emiten más contaminación → aumentan las enfermedades y los costos sanitarios.
- Son menos seguros → aumentan los accidentes y pérdidas humanas.
- Operan sin control → debilitan la autoridad y la recaudación fiscal.
En este contexto, la falta de renovación vehicular no solo es un problema técnico, sino una limitación estructural al desarrollo sostenible, que compromete la eficiencia energética, la salud pública, la seguridad vial y la gobernabilidad del país.
Conclusión
La problemática de los vehículos viejos en Bolivia es un desafío urgente de carácter nacional. Su persistencia afecta la economía, la calidad de vida y la imagen ambiental del país.
Para revertir esta tendencia, es imprescindible implementar una política integral de renovación y chatarrización vehicular, acompañada de control técnico, fiscalización aduanera, incentivos financieros y educación ciudadana.
Sin una acción decidida en esta materia, Bolivia continuará enfrentando un sistema de transporte obsoleto, inseguro, costoso y ambientalmente insostenible.
Definiciones.
Renova en libertad, es un programa público-privado que combina:
- La chatarrización — retiro ordenado y destrucción o reciclaje de vehículos que no cumplen normas o son indocumentados.
- Nacionalización condicionada — opción regulada para regularizar algunos vehículos que cumplen criterios técnicos y legales.
- Incentivo para renovación — subsidios/ bonos/ desgravaciones para adquirir vehículos nuevos o más limpios (eléctricos/híbridos/domésticos).
El Programa RENOVA en Libertad consiste en un programa de renovación del parque automotor, incentivando que vehículos viejos salgan de circulación (“chatarrización”) y se importen o compren vehículos nuevos o más modernos. También exoneraciones o reducciones de aranceles para esos casos.
Aspectos útiles para adaptar:
- Tener incentivos económicos (bonificaciones) para quienes chatarrizan vehículos antiguos.
- Establecer exoneraciones tributarias o aduaneras para vehículos nuevos en reemplazo del antiguo.
- Normas técnicas de seguridad y ambientales para los nuevos autos o para los antiguos sometidos a regularización.
Viabilidad técnica/económica: depende del costo de chatarrización, capacidad de la industria automotriz nacional/importadores, infraestructura de inspección técnica, recaudación proyectada, impacto en la industria legal automotriz.
Objetivo General.
Reducir la circulación de vehículos indocumentados y antiguos que representan riesgo ambiental, inseguridad jurídica y pérdida de recaudación, mediante un programa integral de retiro, regularización selectiva y renovación de flota con incentivos para modernizar la movilidad.
(Impactos esperados: Reducción del consumo de Combustible, mejora de calidad del aire, aumento de recaudación por trámites, reducción del contrabando y control de seguridad vehicular).
Objetivos Específicos.
Los objetivos de RENOVA en libertad son los siguientes:
- Identificar y censar la flota indocumentada con trazabilidad por VIN/chasis.
- Clasificar vehículos según condición:
- Robados/encargo policial (prohibido nacionalizar)
- Indocumentados, pero sin antecedente penal (candidatos a nacionalización condicionada);
- Chatarra técnica (no recuperables → chatarrización).
- Establecer incentivos (bonos, exenciones parciales, financiación) para sustitución por vehículos nuevos o certificados (incluyendo eléctricos y marca local/importada).
- Fortalecer control aduanero y sanciones contra redes de contrabando.
RENOVA en Libertad es un programa de tres niveles de Gobierno.
Alcance y participación de municipios y gobernaciones
- Distribución de competencias: el nivel nacional dicta la ley-marco y coordina (Aduana, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Gobierno, ANH para transporte), mientras que gobernaciones y municipios ejecutan operativamente: centros de recepción física (desmantelamiento, chatarrización autorizada), inspección técnica vehicular (ITV) y entrega de incentivos locales.
- Roles específicos:
- Municipios: habilitar puntos de recepción, gestión de trámites de matriculación local, control de circulación, promover ofertas de renovación (ferias locales), destinar terrenos para centros de reciclaje.
- Gobernaciones: coordinar flotas de transporte público, definir prioridades regionales (p.ej. chatarrización de buses urbanos), acceder a líneas de crédito regionales para renovar transporte público.
- Aduana y Policía (Gobierno central): control de origen/documentación, verificación de antecedentes y fiscalización de redes de contrabando.
Propuesta de Ley.
En observancia de la Constitución Política del Estado (CPE), particularmente:
- Art. 9 inc. 6: El Estado tiene la función de promover el desarrollo humano sostenible y la seguridad vial.
- Art. 315 inc. 3 y 4: Corresponde al Estado regular el tránsito, transporte y seguridad en las vías públicas.
- Art. 342 y 346: Protección del medio ambiente y los recursos naturales frente a la contaminación.
- Art. 351: Regulación estatal sobre recursos energéticos (eficiencia del consumo de combustibles fósiles).
Se articula también con:
- La Ley N.º 1333 de Medio Ambiente y su Reglamento de Contaminación Atmosférica.
- La Ley N.º 165 General de Transporte.
- La Ley N.º 2492 Código Tributario Boliviano para el tratamiento de incentivos y tributos aplicables.
Este programa se vincula con la política de nacionalización y regularización de vehículos indocumentados, estableciendo un proceso paralelo y complementario:
- Los vehículos indocumentados sin antecedentes de robo podrán ser nacionalizados.
- Una vez registrados, deberán optar por chatarrización si no cumplen estándares mínimos de seguridad o emisiones.