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Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana BOL911Proyecto: Ley "0" Corrupción

Devolver la confianza del pueblo boliviano en su Estado

Análisis de la problemática existente. 

Prácticas corruptas recurrentes

  • Venta de cargos y favores políticos: La designación de personal “de confianza” y eventuales se utiliza como mecanismo de pago político, debilitando la profesionalización.
  • Diezmos en obras públicas: funcionarios designados irregularmente facilitan cobros ilícitos a contratistas.
  • Fallas en contrataciones: Se adjudican contratos a empresas vinculadas a redes clientelares.

Consultorías de línea: Bajo la figura de contratos de servicios, se encubren relaciones laborales permanentes, sin procesos meritocráticos ni estabilidad, lo que favorece la rotación clientelar.

Impacto en el desarrollo inmediato del Estado

  • Baja eficiencia institucional: La falta de personal calificado y estable afecta continuidad de políticas.
  • Despilfarro presupuestario: Contratos eventuales y consultorías se renuevan año a año, generando gasto duplicado sin consolidar capacidades institucionales.
  • Desconfianza ciudadana: La percepción de que los cargos se venden o se entregan por afinidad política erosiona la legitimidad del Estado.
  • Freno al desarrollo: Obras mal ejecutadas, mala fiscalización y proyectos truncos afectan el crecimiento económico y el acceso de la población a servicios básicos.

Propuesta de Nueva Ley de Administración y Control Gubernamental.

  1. Erradicar la corrupción en la administración pública.
  2. Unificar regímenes laborales en un solo sistema administrativo meritocrático.
  3. Transparentar y controlar todas las contrataciones estatales (de bienes, servicios y personal).
  4. Simplificar la burocracia, reduciendo discrecionalidad y clientelismo.
  5. Alinear planificación, presupuesto, personal y control bajo principios de eficiencia, eficacia y legalidad.

Reforma del Régimen Laboral Administrativo

Problemática actual

  • Consultores de línea: ocupan funciones permanentes con contratos temporales, sin concursos ni garantías de transparencia.
  • Personal eventual: se nombra sin criterios técnicos, con salarios dispares y alta rotación.
  • Personal de confianza: se abusa de esta figura para colocar militantes políticos sin idoneidad.

Nueva propuesta

  • Régimen único meritocrático: todos los servidores públicos (planta, eventual, consultores, administrativos) deben ingresar por concurso público de méritos y examen de competencias, con transparencia digital y supervisión ciudadana.
  • Excepciones limitadas: solo un porcentaje reducido de cargos políticos de alta dirección podrán ser de libre nombramiento y remoción.
  • Requisitos mínimos: se exigirá título profesional o técnico, salvo cargos operativos claramente definidos.
  • Evaluación periódica obligatoria: desempeño, productividad y ética.
  • Carrera administrativa única: con escalas salariales transparentes, estabilidad sujeta a desempeño y sanciones claras por corrupción.

Control de contrataciones estatales

  • Plataforma única de compras públicas y RR.HH. (interoperable con Tesorería y Contraloría).
  • Bloqueo automático de contratos que no cumplan requisitos (ej. adjudicaciones sin publicación previa, nombramientos sin concurso).
  • Registro nacional de servidores públicos y proveedores, con historial laboral, sanciones e inhabilitaciones.

Planificación estatal priorizada

  • Todo proyecto, contrato o nombramiento debe estar vinculado al Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y planes sectoriales de la Ley 777.
  • No se podrán aprobar consultorías ni nuevas contrataciones sin relación directa con metas de planificación.

Simplificación burocrática

  • Reducción de trámites administrativos mediante ventanilla única digital.
  • Uso de firma digital y expediente electrónico para todas las gestiones.
  • Eliminación de duplicidad de informes y requisitos obsoletos.

Objetivo general de la implementación del BOL911.

Establecer un nuevo marco normativo único de Administración y Control Estatal, que garantice la transparencia, la meritocracia, la eficiencia y la erradicación de la corrupción en los tres niveles de gobierno, mediante la unificación normativa, el control preventivo, la planificación vinculante y la digitalización de la gestión pública.

Objetivos Específicos de la implementación del BOL911.

  1. Unificar y modernizar en una sola normativa integral las disposiciones vigentes en materia de función pública, control gubernamental, planificación y contrataciones, derogando la Ley 1178 (SAFCO), la Ley 2027 (Estatuto del funcionario Público) y otras disposiciones contradictorias.
  2. Garantizar el ingreso y la permanencia en la función pública bajo un régimen laboral único meritocrático, eliminando la contratación de consultorías de línea, personal eventual y de confianza, salvo excepciones de alta dirección política.
  3. Fortalecer los sistemas de control interno y externo, otorgando a la Contraloría y a las unidades de control la capacidad de ejercer supervisión preventiva, suspender procesos irregulares y sancionar con mayor eficacia la corrupción administrativa.
  4. Implementar una Plataforma Única de Contrataciones Estatales y Recursos Humanos (PUCERH) para digitalizar, transparentar y centralizar toda la información sobre contratación de personal, adjudicación de obras, adquisición de bienes y servicios y ejecución presupuestaria en tiempo real.
  5. Vincular la contratación y asignación de recursos a los planes estratégicos nacionales, departamentales y municipales, garantizando la coherencia entre planificación, ejecución y control.
  6. Simplificar la burocracia estatal mediante la instauración de una ventanilla única digital, el expediente electrónico y la obligatoriedad de la firma digital en todos los actos administrativos.
  7. Promover la rendición de cuentas y el control social efectivo, asegurando el acceso ciudadano a información pública clara, actualizada y en tiempo real.
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